En un debate marcado por la división entre bloques ideológicos, los grupos de PSC, Esquerra Republicana (ERC), Comuns y la CUP han votado este miércoles en el Parlament a favor de convalidar el decreto ley que regula un régimen sancionador para garantizar que se cumpla el tope del precio de los alquileres. Esto incluye sanciones que pueden elevarse hasta los 900.000 euros en los casos más graves, algo que las bancadas conservadoras del hemiciclo han catalogado como “multas desproporcionadas”. Este régimen sancionador era una de las exigencias de los Comunes para apoyar la investidura de Salvador Illa.
