La Abogacía del Estado, en defensa del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, va a solicitar en las próximas horas al Tribunal Supremo que anule la sentencia que le condenó a dos años de inhabilitación, a una multa de 7.200 euros y al pago de una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un delito de revelación de secretos tras la filtración de un correo del procedimiento relacionado con dos delitos fiscales en el que el empresario estaba inmerso. Es el último paso antes de acudir al Tribunal Constitucional, puesto que García Ortiz, quien se incorpora como fiscal a la sección Social del Supremo, considera que la condena ha vulnerado sus derechos más elementales.
