El Tribunal Constitucional empieza el año con sentencias importantes para tratar de devolver prestigio a las instituciones parlamentarias. Se trata de defender los derechos de los parlamentarios, por la relevancia de su función, en representación de los ciudadanos. En un primer caso, el tribunal ha anulado la decisión de la Mesa de la Asamblea de Madrid que inadmitió cinco preguntas dirigidas al Consejo de Gobierno de esta Comunidad. Todas ellas cuestionaban actuaciones y manifestaciones de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Ayuso. Lo que el PSOE preguntaba era si dicho alto cargo había aplicado bien el código ético de la Comunidad cuando se dirigió a una periodista de elDiario.es con mensajes como el siguiente: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”. El trasfondo, la información de dicho medio sobre las investigaciones por fraude fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
